LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” considera que el supuesto acuerdo adoptado por el Gobierno Regional , para ampliar la autonomía curricular de los centros es un nuevo paso en la destrucción del sistema educativo madrileño y puede suponer una nueva ilegalidad al vulnerar la Constitución Española y la legislación vigente.
La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que se ha vivido un nuevo episodio inaceptable en la Comunidad de Madrid. Por un lado la Asamblea de Madrid estaba convocada para debatir y someter a aprobación una Proposición No de Ley para instar al Gobierno Regional a que desarrolle actuaciones que amplíen la autonomía de los centros educativos. Dicha proposición fue presentada y defendida por el Partido Popular, pero el debate fue falso y carente de sentido, como el portavoz de educación de dicho partido expuso y los representantes de la FAPA pudieron escuchar en directo al estar presentes en la sesión plenaria celebrada, pues el Gobierno Regional había aprobado por la mañana, como él mismo aseguró, poner en marcha un Decreto que dejaba en manos de los centros educativos el desarrollo curricular del 35% de las materias que debe regular la Administración educativa madrileña, complementando el 65% cuya regulación le corresponde al Ministerio de Educación.
Si el Gobierno Regional realmente ha aprobado dejar en los centros educativos la configuración del 35% del currículo escolar, entonces nos encontramos ante un escenario incomprensible para un Gobierno Regional sustentado por un partido político que se ha cansado de criticar la supuesta existencia de diecisiete sistemas educativos distintos y que ahora quiere que existan en nuestra Comunidad casi dos mil diferentes. Y ello, a pesar de que sabe que la LOE no permite hacer tal cosa y que la Constitución Española dice que tod@s los españoles somos iguales ante la Ley. Dejar en manos de los centros educativos una competencia que le corresponde a la Consejería de Educación, supone una dejación de funciones intolerable y sembrar un nuevo conflicto innecesario. Pero lo que es más grave, es la constatación evidente de que el Gobierno Regional madrileño ha decidido ponerle punto final al derecho a la educación en igual de oportunidades y de que sigue pensando que allá se las apañen los ciudadanos y que lleguen sólo hasta donde sus posibilidades socio-económicas se lo permitan.
Sin embargo, en el resumen de acuerdos de la sesión de ayer del Consejo de Gobierno, documento público que se puede consultar y que se adjunta, no figura nada de dicho acuerdo, por lo que, o bien no se tomó y eso puede suponer un engaño a la Asamblea de Madrid por parte de quien así lo afirmó, o bien supone la ocultación de un acuerdo tomado.
En cuanto a la propuesta en sí, no se sabe muy bien a que obedece realmente el supuesto acuerdo tomado por el Gobierno Regional, pues mientras la versión expresada anteriormente era la dada por la Consejera de Educación a los medios de comunicación, el portavoz de educación del Partido Popular expresó que la iniciativa aprobada buscaba que los centros pudieran manejar el número de horas de cada materia en función de la realidad que viven sus centros, pero eso no es autonomía curricular, sino autonomía horaria.
Por tanto, si el Gobierno Regional quiere dar más margen de maniobra a los centros educativos para aumentar las horas de determinadas materias, sólo tiene dos posibilidades: aumentar el horario lectivo de los centros educativos o aumentar los cupos de profesorado para permitir dichos cambios de horario. Y, por otra parte, si no aumenta el número de horas lectivas, tendrá que explicarnos que materias saldrán perjudicadas para beneficiar a otras.
Más allá del espectáculo bochornoso que se vivió en la Asamblea de Madrid, que, mientras no se legisle en contrario, es donde reside la soberanía de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, este nuevo episodio de versiones contradictorias y de documentos que supuestamente se aprueban pero que nadie conoce, es una situación que no por conocida y habitual es algo que pueda tolerarse. Como igualmente inaceptable es que se debata una propuesta en la Asamblea de Madrid, que puede suponer un cambio sustancial en el sistema educativo madrileño, sin la presencia de la Consejera de Educación ni de ninguno de sus dos Viceconsejeros, que son diputados y que entraron sólo cuando se tenía que votar.
El día de ayer es un momento de especial gravedad por la toma de posición más lesiva e irresponsable que un Gobierno pueda tomar en contra del derecho a la educación y la FAPA seguirá luchando con todos los medios a su alcance contra este proceso de desmantelamiento de la enseñanza, que en la Comunidad de Madrid está situado en el mayor ataque frontal contra los derechos constitucionales.
4 de marzo de 2011
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